Breve resumen de la Sentencia TC sobre la legislación de vivienda de Aragón

SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5/2019, sobre Decreto-Ley 3/2015 de Aragón

Desde el 14/02/2019 (publicación BOE) podemos ya conocer el contenido de la nueva Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el alcance que ha de tener la legislación autonómica de vivienda, después de que otros pronunciamientos previos hayan permitido ir concretando sus límites. En este caso el TC ha declarado lo siguiente: 

1) La competencia autonómica en material procesal no alcanza la fijación de cuáles pueden ser los bienes inembargables. Puesto que el artículo 1 del Decreto-Ley había incluido esa previsión, el TC la declara inconstitucional.

2) Solo el Estado puede regular en materia de ejecución hipotecaria, y las Comunidades autónomas pueden añadir simples modificaciones o correcciones que no distorsionen la regulación estatal (Ley 1/2013, modificada por RDL 1/2015 y por RDL 5/2017). Por ello el TC interpreta el artículo 9 del Decreto-Ley para que no sea contradictorio con la regulación vigente, y con esa finalidad establece:

           a. La suspensión de los lanzamientos prevista hasta que se ofrezca una alternativa habitacional por parte de la                         Administración, deberá producirse dentro del plazo máximo de suspensión ya fijado en la normativa estatal.

           b. La situación de especial vulnerabilidad que regulen les Comunidades autónomas debe guardar relación con los                     supuestos ya establecidos en la legislación estatal. 

           c. La emisión del informe sobre vulnerabilidad no puede excluir el procedimiento de acreditación fijado en la normativa             estatal. 

3) Las Comunidades autónomas pueden regular la mediación en materias de su competencia, aunque respetando la nota de voluntariedad establecida en la legislación estatal (art. 6 Ley 5/2012). Puesto que la D. Ad. 4ª apartados 1, 2 y 3 Decreto-Ley regularon la inclusión imperativa de la mediación en el código de buenas prácticas de las entidades financieras (RDL 6/2012, modificado por RDL 5/2017), se declara la inconstitucionalidad de esa previsión.